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ASANHEMO se postula en contra de la postura de la Junta de Andalucía desde que esta anunciara el procedimiento de adjudicación del Acuerdo Marco por Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE’s) para 22 patologías, entre ellas la hemofilia y la hepatitis C. Ya desde el principio la propuesta creó gran polémica entre los distintos profesionales sanitarios, de tal forma que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tuvo que modificar su denominación pasando a «selección de principios activos para determinadas indicaciones», una vuelta de tuerca semántica para evitar más conflictos.
En agosto, la Asociación Andaluza de Hemofilia solicitó cita con la entonces titular de la Consejería de Salud, María Jesús Montero. Ante la falta de respuesta, volvió a solicitarse cita. Finalmente, ante el cambio de titular, se pidió por tercera vez la celebración del encuentro, esta vez a María José Sánchez Rubio.
La reunión se celebró, por fin, el pasado 17 de diciembre en la sede de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud. La presidenta de ASANHEMO, María Dolores Camero, acudió al encuentro junto al asesor médico de la asociación, el Dr. Miguel Ángel Moreno, y les acompañaron Miguel Ángel Martín (presidente de Hemofilia de Málaga), Miguel Ángel García (presidente de la asociación de Hemofilia de Córdoba) y Fernando Torquemada (miembro del departamento jurídico de FEDER), la asistencia de Manuel Pérez Fernández, presidente del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y de la Fundación Mehuer tuvo que ser disculpada. Por parte del Servicio Andaluz de Salud acudieron Juan Tomás García Martínez, de la dirección general de asistencia sanitaria y resultados en salud,Enrique Fernández, coordinador de programas estratégicos, y Francisco Javier Bautista, director del plan integral de farmacia.
La presidenta de ASANHEMO manifestó la decepción del colectivo al que representa en parte, puesto que no se tuvo en consideración la opinión de los pacientes, a pesar de su implicación y de ser grandes conocedores del tratamiento de su enfermedad, así como de sus complicaciones, máxime cuando siempre han destacado en su disposición al diálogo.
En la reunión quedó constancia de que se vulneran los derechos de los pacientes a la hora de que el profesional pueda elegir el tratamiento adecuado, tal como establece la actual Ley del medicamento. Además, la falta de consenso con la comunidad médica en cuanto a la decisión tomada va en contra de la obligación ineludible de las administraciones públicas que, antes de tomar una decisión relacionada con fármacos y sus efectos, deben tener en cuenta la opinión de los profesionales, siendo un enorme error seleccionar únicamente con criterios económicos.
A esto se une, tal y como indicaron el Dr. Moreno y el Presidente de Hemofilia de Córdoba, que el paso de un fármaco a otro puede acarrear efectos adversos como el desarrollo de inhibidores que anulen el efecto del medicamento, porque no todos los pacientes reaccionan favorablemente a la misma prescripción, no toda la medicación se adapta a todas las personas porque no somos iguales y porque no es lógico prescribir de forma obligada lo que se haya adquirido en una subasta.
Se expresó que el acuerdo marco supone la discriminación para la población andaluza, puesto que esta situación choca con las condiciones de igualdad efectiva que deben garantizarse a los usuarios del Sistema Nacional Sanitario (Ley de Cohesión), ya que no se da en otras comunidades
Otra conclusiones que quedaron patentes es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico una definición de Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE’s), por lo que los equivalentes terapéuticos han de regularse mediante Real Decreto tras valoración caso por caso y, posteriormente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debe autorizar a la Comunidad Autónoma que declare determinados medicamentos como ATE´s. Además, a efectos de licitación pública deben darse una serie de requisitos que han de cumplirse. Conforme a normativa recientemente modificada, los lotes formados por ATE’s no pueden considerarse una unidad funcional, dado que están formados por medicamentos con diferentes principios activos y distintas indicaciones. Por todo ello no deben integrarse en un mismo lote para su selección en licitación pública.
Por su parte, los representantes del SAS reconocieron que esta forma de compra de medicamentos se toma como medida destinada al sostenimiento del sistema sanitario, por lo tanto, la decisión es puramente económica y que, caso de que prospere según la intención de la administración, SÓLO SERÁ DE APLICACIÓN A PACIENTES DE NUEVO DIAGNÓSTICO, NUNCA PARA EL RESTO, aspecto este último que ofrece dudas a las entidades que representan a la hemofilia en Andalucía.
La licitación, que fue publicada el 31 de julio pasado con un importe estimado de 241.013.689,25 €, conlleva una reducción del gasto farmacéutico que la Asociación Andaluza de Hemofilia no cree realmente importante para la sanidad pero si supondrá un déficit destacable en la atención sanitaria de las personas que padecen una enfermedad crónica como la hemofilia.
El procedimiento adjudicatario se encuentra en suspensión cautelar por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales andaluz (TARC). Esta suspensión está motivada por los recursos interpuestos por varias farmacéuticas y por la Federación Española de Hemofilia. Los plazos de presentación de ofertas, sin embargo, no se han paralizado, así que el proceso puede seguir varios caminos:
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El TARC podría terminar desestimando las peticiones de los recurrentes, por lo que en ese caso el Acuerdo Marco continuaría su camino.
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También podría desestimar parcialmente la norma, por lo que la Junta tendría que desarrollar unos nuevos pliegos, como ocurrió con el Ingesa.
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O el Tribunal puede dar la razón a los recurrentes, lo que produciría «una demora importante del procedimiento si la Junta quisiese seguir llevándolo a cabo».